El titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, Marcelo Quaglia, que interviene en la quiebra del ex supermercado Tigre, realizó ayer una inspección en el inmueble donde funciona desde hace 15 años el Centro Cultural La Toma. La medida fue solicitada por la Cooperativa de Trabajadores en Lucha para que el magistrado acredite la utilidad y función social del espacio, cuando tome una decisión sobre el destino del lugar. "Esto no fue una recuperación de una empresa, siempre fue un establecimiento puesto a funcionar en manos obreras, con un criterio distinto, no con la voracidad del lucro que caracteriza a los empresarios, si no anteponiendo la solidaridad y con los valores que tienen que ver con lo colectivo", señaló Carlos Ghioldi, presidente de la Cooperativa, quien ponderó que por primera vez un juez visite el lugar.

El magistrado recorrió el espacio ubicado en Tucumán al 1300 donde funcionan un mercado popular, un comedor universitario, la subsecretaría de Economía Social municipal, y que alberga a más de 30 organizaciones sociales y donde tienen sus sedes varios sindicatos. Allí lo estaban esperando miembros de la Cooperativa y de la sindicatura. No participaron de la inspección los representantes del fondo Seguros de Depósito SA (Sedesa), a quienes les fue cedido el crédito garantizado con la hipoteca del Banco Finansur --el acreedor original--, que pretenden llevar el inmueble a remate.

Acompañado por su secretaria, el juez Quaglia mantuvo primero una reunión con los representantes de la Cooperativa y de la sindicatura para explicarles cómo iba a realizar la inspección. Luego, todos salieron a recorrer el primer piso de La Toma, cuya expropiación fue aprobada por ley en 2004 y en 2009. Primero fueron a conocer la sede rosarina de la Red Experimenta, un espacio para potenciar el crecimiento de proyectos basados en un modelo colaborativo.

Después fue el turno del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), una Ong compuesta por un equipo interdisciplinario especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres y niñas, donde le explicaron al juez las tareas que desempeñan y además le obsequiaron algunos libros. También se cruzó con Pablo Juncos, secretario General de la CTA de los Trabajadores, que tiene allí su sede y donde desarrollan tareas de capacitación. Seguidamente recorrieron el Comedor Universitario, y un integrante del Movimiento de Acción Solidaria, que entregan raciones de comida a chicos de la calle, le contó la experiencia.

"Hace 15 años que luchamos por los puestos de trabajo, poniendo el establecimiento al servicio de la comunidad y de los sectores populares, y por primera vez un juez se acerca a este lugar a hacer un relevamiento, una especie de inventario social. Mientras algunos creen que los papeles y la especulación transforman a los lugares en chatarra que pueda ser ejecutada, en estos 15 años nos dedicamos a buscar soluciones al problema del trabajo de cada uno de nosotros", planteó Ghioldi.

El abogado de la Cooperativa, Juan Lewis, dijo que cualquiera sea la resolución que se tome "tiene que contemplar necesariamente la utilidad pública que acá se está desplegando". El ex ministro de Justicia dijo a Rosario/12 que la visita del juez genera expectativas: "Vemos con muy buenos ojos que judicialmente se haga lugar a una medida de este tipo, porque implica la posibilidad de contemplar algo que está más allá de la mera ponderación económica de todo el problema".