Desde Notas dialogamos en exclusiva con Andrés Ruggeri, antropólogo social y miembro del programa Facultad Abierta, que a través del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas viene realizando desde el año 2002 una serie de relevamientos de estas empresas a nivel nacional. Según el analista, el cambio de gobierno plantea un escenario cada vez más difícil para las cooperativas y empresas recuperadas (ER)

En el informe de situación que actualmente se está elaborando se constata un crecimiento del número de ER. Desde el último relevamiento, a fines de 2013, hasta marzo de 2016 el número de empresas en manos de los trabajadores ha crecido de 310 a 360. Sin embargo, Ruggeri opina que “ese panorama de crecimiento todavía responde a la dinámica del período kirchnerista anterior”, en lo que hace a los sectores se dan las recuperaciones y a sus características.

El académico explica que, más allá de esta aparente continuidad, “lo que estamos viendo ahora es que hay todo un proceso económico donde la apertura de importaciones, la baja del consumo y el aumento de tarifas están impactando muy fuertemente en toda la economía, en la industria y el trabajo dirigidos al mercado interno”. Y agrega que ese panorama tan complicado impacta en las cooperativas de trabajo y ER  “incluso con más fuerza que en las grandes empresas, que quizás tienen más espalda para aguantar”.

Una de las novedades económicas que más fuertemente ha golpeado a las ER ha sido el “sinceramiento” tarifario. Ruggeri ejemplifica con el caso de la cooperativa gráfica Chilavert, una imprenta pequeña de Pompeya, con una docena de trabajadores: “Estaban pagando hasta diciembre 3 mil pesos de luz, mientras que los trabajadores ganaban de entre 8 y 10 mil pesos. La cuenta de luz equivalía a un tercio del salario de un trabajador. Ahora están pagando 10 mil pesos, lo que es como si tuvieran que pagar un sueldo más”.

Esta dinámica también se verifica con empresas medianas y grandes: “Ronicevi, una metalúrgica de Tandil, pasó de 30 mil a 80 mil pesos de luz, lo que prácticamente los funde. El frigorífico Subga pasó de 150 mil a 800 mil pesos, que ya es una bestialidad. Es muy difícil afrontar eso”.

En ese sentido Ruggeri señaló que las diversas organizaciones de empresas recuperadas y cooperativas “están planteando proyectos de ley, amparos y movilizaciones con respecto al tema de la tarifas, que es lo primero que se siente, el primer impacto fuerte, porque va directamente a las condiciones de producción”.

Este esquema económico, que ofrece más beneficios para la especulación financiera que para la inversión productiva, puede presentar al vaciamiento de empresas como una alternativa rentable para los empresarios. Sin embargo, Ruggeri distingue casos como el del periódico “Tiempo Argentino”, recientemente recuperado por sus trabajadores, donde “un empresario supuestamente compañero cuando no tuvo más la pauta publicitaria estatal directamente dejó todo en banda”, de casos directamente vinculados con la especulación financiera: “Los empresarios, especialmente de medianos para arriba, perfectamente pueden decir que ahora es más rentable comprar Lebacs, o hacer cualquier otra timba, que producir”.

En cuanto a las diferencias de políticas públicas para las ER entre la gestión anterior y la actual, Ruggeri opina: “Nosotros siempre tuvimos una visión crítica sobre la política estatal hacia las empresas recuperadas durante el kirchnerismo, que si bien existía y tenía toda una serie de programas y de subsidios -a veces importantes-, no tenía una unidad, no pensaba al sector autogestionado como un sector económico. Pero había un interlocutor estatal para cuando se presentaban dificultades. Ahora ese interlocutor desapareció”.

Y continúa explicando que la desaparición de programas estatales para ayudar a las ER es la primera demostración de esa falta de voluntad política: “El programa Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, tenía varias líneas. Una de ellas, llamada Línea uno, financiaba una parte de los salarios de las empresas recuperadas que se declaraban en crisis o que estaban en problemas. Ahora eso no está vigente. No desapareció, pero en la práctica no existe. El programa no se cerró, no hubo despidos, pero no tiene funciones, no tiene nada que hacer”.

Ruggeri enumera otros aspectos de la nueva etapa política que hacen especialmente difícil el escenario para las ER: “Hay tres cosas que están pasando, que tenemos identificadas. Una tiene que ver con una nueva agresividad judicial. Esto es lo que está pasando en todos lados. Ahora la Policía se siente en libertad para apretar a los pibes y para hacer un montón de cosas y lo mismo pasa con los jueces que intervienen en los casos de ER: están agresivos. Por ejemplo, hace 15 días en La Litoraleña -una empresa ocupada pero en producción- apareció el estafador, el vaciador, con el síndico y la Policía para mostrarle la fábrica a un supuesto inversor. Es decir, se hizo un allanamiento para mostrarle la fábrica ocupada a un inversor que la iba a comprar. Eso no había pasado nunca. Y es una muestra del poder”.

Esa agresividad judicial, que implica numerosas amenazas de desalojo en curso, se conjuga con señales negativas “claras” por parte del Gobierno: “Los planteos de expropiación se tramitan generalmente a través de los gobiernos provinciales, de sus Legislaturas. En la Ciudad de Buenos Aires Macri vetó sistemáticamente las leyes de expropiación a favor de las empresas recuperadas y Larreta ya hizo lo mismo con la primera que le llegó, la de La Robla. Por su parte, Vidal ya vetó tres, entre ellas Petinari acoplados”.

Esas políticas gubernmentales, a nivel nacional y de las provincias, se combinan, según Ruggeri, “con la hipocresía que los caracteriza”: “Te reciben y te dicen “Sí, muchachos, vamos a hacer muchas cosas”, pero al final no se hace nada. Los diputados provinciales del PRO votan las expropiaciones para que después Vidal las vete. Eso es algo que también hacía Macri. Las leyes de expropiación entraban en esos canjes que la oposición porteña hacía con el oficialismo, votándole algo a favor para que el PRO para que sus legisladores levantaran la mano por alguna ley de expropiación, pero Macri luego terminaba vetando. Que es lo mismo que hace Vidal ahora”.

Finalmente, existe tercer elemento que caracteriza al preocupante escenario actual de las ER: “Están apareciendo inversores, que no se sabe de dónde salen, con intenciones de comprar ER en dificultades. Ya hubo un par de casos. Y eso genera conflictos internos en las empresas, ya que aparecen sectores de trabajadores interesados en la venta, que piensan que les va a tocar una cantidad de dinero. Hay rumores de dinero que está dando vueltas en busca de eso. No para traer inversores que hagan funcionar la empresa sino para liquidarla en función de algún negocio inmobiliario”.

“Entonces esas circunstancias económicas que tornan difícil hacer funcionar una empresa -concluye Ruggeri-, combinadas con la agresividad de los jueces, los vetos y ese tipo de cosas, plantean un panorama bastante difícil y complejo para las empresas recuperadas”.