HAVANA TIMES — Un sector importante de la naciente izquierda critica en Cuba ha propuesto la auto-gestión obrera como piedra angular de un socialismo auténticamente democrático.

Esta es una propuesta bienvenida que no se puede dar por sentada en un país con una larga historia de militancia y luchas sindicales pero carente de tradiciones de autonomía de clase y de grupos, el legado histórico del caudillismo y su centralización desde arriba, y al dominio del Comunismo, en su versión cubana, por más de cincuenta años.

La auto-gestión obrera tiene consecuencias importantes que deben ser exploradas cabalmente. El modelo de auto-gestión obrera adoptado en Argentina y otros países de América Latina es una respuesta valiente y de plena confianza en sí mismos que los obreros han formulado en reacción a largas huelgas, cierres y bancarrotas patronales instituyendo cooperativas administradas democráticamente.

Pero esta respuesta es una táctica local y defensiva. Estas cooperativas son parte de una economía capitalista fuera de su control y por eso la actividad autónoma de estos trabajadores está fundamentalmente limitada por la competencia capitalista y el mercado. Dicho modelo no es pertinente a Cuba donde la auto-gestión obrera se ha propuesto para toda una economía, o por lo menos para sus sectores dominantes.

En ese contexto hay que tomar en cuenta que lo que sucede en cada fábrica o centro de trabajo administrado por los trabajadores está directa e íntimamente relacionado con lo que sucede en otros centros de producción. Bajo el presente estado burocrático unipartidista, la mala coordinación entre unidades y sectores económicos es un gran problema que ha conllevado a un enorme malgasto de recursos.

En el 2009, Marino Murillo Jorge, el Ministro de Economía y Planeamiento, se quejó de que los nuevos equipos eléctricos adquiridos para ahorrar energía habían sido almacenados en vez de haber sido instalados rápida y correctamente.

La prensa oficial también ha reportado sobre el grave impacto que la falta de coordinación entre empresas del estado – como en el caso de las agencias responsables por la reparación de filtraciones de agua – ha tenido sobre la calidad del trabajo, lo que ha propiciado un clima donde nadie se responsabiliza por el proyecto como un todo.

La auto-gestión obrera concebida en términos de la administración aislada de cada centro de trabajo no podría resolver las deficiencias de coordinación del sistema presente. Por añadidura, produciría desigualdades entre los trabajadores de diferentes fábricas y sectores industriales dados las grandes diferencias con respecto al grado de modernización, capitalización y productividad entre industrias así como entre las varias unidades productivas dentro de cada sector.

Esas diferencias, por las que los trabajadores afectados no son responsables, inevitablemente conducirían a grandes diferencias salariales así como de tasas de inversión que perpetuarían dichas desigualdades.

Un sistema de auto-gestión obrera también tendría que enfrentarse a la tarea de innovación económica, especialmente para aligerar la carga de trabajo para el mayor número de personas posible. Conforme a esta lógica de innovación y progreso económico, la economía tendría que crear nuevas unidades productivas y clausurar las obsoletas sin tratar a los trabajadores a la manera capitalista, como objetos desechables destinados al basurero, sino como sujetos, como seres humanos y como trabajadores dignos de un tratamiento equitativo, empleos alternativos equivalentes y compensación total por los costos de desplazamiento.

En ese proceso de innovación, cuando se establece una nueva unidad productiva no existe un grupo previo de trabajadores para fundarla lo cual lógicamente indica que tendría que ser creada por una de entidad de planeamiento democrático.

Aparte de eso, la tarea innovadora no puede dejar la decisión para cerrar un medio de producción obsoleto, que frecuentemente se nutre de los recursos del resto de la sociedad para mantenerse funcionando, exclusivamente en manos de los que ahí trabajan.

De la misma manera, todas las industrias y centros de trabajo administrados democráticamente tendrían que reconciliar las decisiones de los que trabajan en cada una de ellas con las prioridades establecidas para la sociedad en su conjunto.

Para tomar un ejemplo extremo, sería anti-democrático que los medios masivos de comunicación solo transmitieran los puntos de vista de los que trabajan en dichas empresas.


EL MODELO YUGOSLAVO

En Yugoslavia, el sistema de auto-gestión obrera alcanzó un gran peso económico entre los 1950s y los 1970s. Siendo parte de un sistema que combinaba el “socialismo de mercado” con el autoritarismo político, la auto-gestión estaba limitada a cada centro de trabajo individual; el poder político y económico a nivel regional y nacional estaba monopolizado por el estado unipartidista encabezado por la Liga de los Comunistas de Yugoslavia del Mariscal Tito.

Aunque este sistema de auto-gestión local combinado con el autoritarismo regional y nacional produjo un aumento en la iniciativa, participación y decisiones de los obreros en el trabajo así como en la productividad al nivel local, también creó desempleo, ciclos económicos agudos, desigualdad salarial y un aumento creciente de la usurpación de la autoridad para tomar decisiones por parte de los gerentes [Saúl Estrin, “Yugoslavia: The Case of Self-Managing Market Socialism,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 4, Fall 1991, 189].

La auto-gestión local combinada con la impotencia política y económica de los trabajadores fuera de sus centros de trabajo naturalmente estimuló una visión localista de la realidad. Según el analista yugoslavo Mitja Kamusić, este modelo de auto-gestión creó un aliciente para que los trabajadores sólo se interesaran en inversiones que aseguraran el aumento inmediato de sus ingresos, un empleo estable y mejores condiciones de trabajo, pero no en inversiones a largo plazo o en otras partes de la empresa, o en los tipos de inversiones que hubieran requerido una reducción de personal o su reentrenamiento.

Los trabajadores estaban muy poco interesados en invertir en otras empresas por más viable que fueran, particularmente en aquellas que estuvieran situadas en lugares lejanos. [Mitja Kamusić, “Economic Efficiency and Workers’ Self-Management” en Branko Horvat, Mihailo Markovic y Rudi Supek (eds.) A Reader. Self-Governing Socialism. Volume Two. Sociology and Politics. Economics. White Plains, New York: International Arts and Sciences Press, Inc., 1975, 222.]

Algunas de las actitudes estimuladas por el sistema de la Yugoslavia de Tito plantean de nuevo cuestiones que Carlos Marx discutió en su polémica contra el líder socialista alemán Ferdinando Lassalle en la Crítica del Programa de Gotha.

Para Lassalle, cada miembro de una sociedad socialista debería recibir el “producto total de su trabajo.” Pero Marx señalaba que era necesario hacer deducciones del producto total para reemplazar los medios de producción que habían sido utilizados, para expandir la producción (una expansión consciente de consideraciones ecológicas es indispensable para mejorar el nivel de vida de la gran mayoría de la población), y para crear una reserva para responder a accidentes y catástrofes naturales.

También habría que hacer deducciones de los bienes de consumo para sufragar los gastos de administración no pertenecientes a la producción, y para aquellos gastos destinados a la satisfacción de necesidades como escuelas y servicios de salud, así como para los discapacitados que no pueden trabajar.


LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN

Todo esto subraya el hecho que un sistema democrático de auto-gestión requiere de un proceso de toma de decisiones que coordine la economía en general de una manera totalmente transparente.

Para que este proceso de decisiones sea democrático, los propósitos y demandas provenientes de numerosos y diversos sectores sociales tienen que ser integrados en programas internamente coherentes que necesariamente va a provocar desacuerdos.

Esta debe ser una razón y propósito para la existencia de los partidos políticos: servir como foros para debatir las alternativas y prioridades socio-económicas para la sociedad como un todo. Esto requiere la abolición de la “unidad monolítica” y del partido único impuesto por la Constitución.

En esta democracia, una de las cuestiones más importantes que tendría que discutirse es la cantidad y los tipos de acumulación requeridos por la sociedad; en otras palabras, si reducir el ahorro para mejorar el nivel de vida en el presente, o aumentar el ahorro, a pesar de la escasez actual, para ofrecer un mejor futuro a las generaciones venideras.

También sería necesario tomar decisiones sobre los sectores a cuya costa se deben realizar los ahorros de la sociedad. Los mecanismos del mercado siempre favorecen la eliminación de unidades o sectores económicos no rentables, pero puede ser aconsejable dejarlos seguir y hasta ser subsidiados por razones sociales muy razonables.

Esto no quiere decir que todas las empresas económicas deban ser subsidiadas; la economía sufriría una severa inflación y pérdida de capital. Pero una política económica racional puede incluir un uso calculado y medido de subsidios para propósitos específicos bien pensados.

Es concebible, aunque muy poco probable, que el Partido Comunista Cubano pueda ser obligado a permitir la auto-gestión obrera en las fábricas y oficinas. Pero si esto sucede, esa auto-gestión quedaría limitada a la operación aislada de cada centro de trabajo mientras que el partido único continua manteniendo su control sobre la coordinación de los varios sectores de la producción y la economía en general.

Cornelius Castoriadis, quizás reflejando todavía la tradición marxista anti-estalinista en la que se entrenó, describió esta situación como si los “especialistas de lo universal”, es decir el partido gobernante, dijera: “Ustedes váyanse a administrar su rinconcito, eso está bien. En cuanto a nosotros, nos haremos cargo de la coordinación general de las actividades.”

Obviamente, si esto ocurriera, la “auto-gestión” local rápidamente perdería todo su sentido, dado que la cuestión de la integración de las varias “unidades sociales” no puede resolverse milagrosamente por sí misma, y no es un aspecto de tipo secundario o externo cuya repercusión en cada unidad puede permanecer estrictamente circunscrita y tenga una importancia limitada.

Es absurdo pensar en fábricas socialistas o simplemente auto-gestionadas en el contexto de una “coordinación” burocrática de la economía y sociedad’  [‘“The Only Way To Find Out if You can Swim is to Get into the Water’: An Introductory Interview (1974)” en David Ames Curtis (ed.) The Castoriadis Reader, Oxford, U.K.: Blackwell Publishers, 1997, 7-8.]

Hay quienes argumentan que una economía socialista democrática puede ser mucho mejor administrada en el contexto de una forma u otra del socialismo de mercado. Este no es el lugar para debatir un tema sobre el cual se han publicado cientos de artículos y libros.

En todo caso, eso es un asunto que los cubanos deberán decidir cuando tengan la libertad de debatir un tema de consecuencias tan enormes. Cuando llega ese momento, personas tales como este autor, abogarán por una economía democráticamente planificada como la única forma en que la gente puede controlar su destino, político y económico.


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*Samuel Farber nació y se crió en Cuba y es el autor de muchos libros y artículos sobre dicho país. Su libro más reciente es Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment (Haymarket Books, 2011).